La era de las sentencias

La confrontación entre los diversos órganos de Estado e incluso al interior de cada uno de ellos, es propio de la lucha por el control del poder político en cualquier sociedad del mundo. En el devenir de nuestra historia, y de acuerdo a la situación vivida en el mar de cada crisis nacional, uno de esos órganos se ha impuesto a los otros.

El órgano ejecutivo durante décadas impuso sus reglas. Desde Casa Presidencial se elegían magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se ejercía control militar y policial de la vida nacional para aplacar la libertad de pensamiento y organización; la Asamblea Legislativa se plegaba a las decisiones ejecutivas, la Fiscalía General de la República fue fiel servidora de las actuaciones de gobierno lo mismo que la Corte de Cuentas. En muchos de esos procesos, Estados Unidos estuvo presente muy activamente, como en la misma conformación de la Asamblea Constituyente de 1982 y la aprobación de la carta magna de 1983 y su auspicio para reformar esa misma Constitución como resultado de las negociaciones que terminaron con la guerra civil.

Desde que la guerra terminó y cuando meses después surgiera el partido FMLN, pero especialmente desde las primeras elecciones a diputados y alcaldes en que el partido de izquierda participó en un proceso electoral y alcanzó con ello sus primeros espacios de participación gubernamental, algunas situaciones comenzaron a cambiar, sin embargo, desde Casa Presidencial se siguieron tomando fieras decisiones que se impusieron a los otros órganos de Estado, hasta que Tony Saca salió como último presidente en un ciclo de veinte años de gobierno ejecutivo dominado por el partido ARENA.

La lucha entre los diversos órganos de Estado se ha venido mostrando cada vez más fiera desde la llegada de Mauricio Funes a la presidencia. Al romperse el tradicional monopolio sobre las decisiones de Estado y de Gobierno, fue natural que la lucha política se abriera campo con dureza desde toda instancia que haga el trabajo del adversario difícil, sino imposible.

Todo ello unido a la fuerza que ha adquirido el manejo de las comunicaciones y el acceso de las y los ciudadanos a más información, y por supuesto a la manipulación de esa información, es que hoy día vemos una dura confrontación frente a las sentencias que dicta la Sala de lo Constitucional, algunas de las cuales han quebrado asuntos concernientes a la forma de gobierno y sistema político establecido en la Constitución, otras han roto la legalidad misma y violentado derechos, dicho tribunal ha ejercido una dura presión contra las decisiones del Órgano Ejecutivo; todo ello es parte de la lucha por el poder no solo en El Salvador sino en todo el continente.

El control constitucional es consustancial al poder, pero la pregunta que ronda las cabezas de quienes nos inquietamos por estos menudos asuntos es ¿hasta dónde puede esa fuerza jurídica de los controles constitucionales representar las aspiraciones de un país o de su mayoría, o por el contrario se vuelva una sutil arma para combatir contra el adversario político hasta destruirlo?

No hay respuestas simples al tema, por apasionados que nos mostremos ante los hechos, lo cierto es que hemos entrado ya a una confrontación política de proporciones todavía inmedibles por sus consecuencias, en  las que la instrumentalización de la constitucionalidad es la maquinaria pesada que acompañará a la no menos ostentosa maquinaria mediática.

Las sentencias de la Sala de lo Constitucional serán medidas a partir de la postura política e ideológica de cada persona, a partir de lo amenazados que determinados intereses se perciban, a partir de la agudeza con la que estudiemos los significados de dichos dictados y de los conocimientos que tengamos de cada causa; pero lo que es absolutamente cierto, y más allá de todo positivismo comteano, es que no hay imparcialidad ni pureza normativa en las sentencias que dicta la Sala de lo Constitucional, porque sus argumentos y fallos surgen en el remolino de la lucha por el poder político.